Siembra de pruebas y peritajes sin control: abogados alertan que informes policiales terminan cayéndose en juicio

En el sistema penal acusatorio panameño, el informe policial debería ser solo una herramienta inicial de investigación. Sin embargo, para los abogados Nora Santa y Marco Austin, muchas causas avanzan apoyadas casi exclusivamente en documentos débiles que luego se desploman cuando enfrentan un juicio real.

La siembra de pruebas y el uso de informes policiales frágiles no son episodios aislados. Abogados litigantes vienen señalando desde hace años estas prácticas dentro del sistema penal acusatorio.

Cambian los casos y los nombres, pero el patrón se repite: investigaciones que arrancan sobre documentos débiles y solo descubren sus fallas cuando llegan al escrutinio del juicio.

Nora Santa sostiene que uno de los mayores problemas del sistema es que la fiscalía fundamenta procesos completos en informes policiales que no resisten análisis.

“Hoy día las investigaciones se basan en informes que muchas veces son inventados y que no se pueden sostener, pero aun así la fiscalía los lleva hasta lo último”, explicó.

Según la abogada, con esos documentos se someten a personas a imputaciones formales. “La fiscalía sigue la investigación, pasa a la acusación y llega al juicio, aunque el fundamento sea frágil e insostenible”, advirtió.

Santa señala que el problema se revela cuando el caso llega a juicio. “Los policías y peritos se caen en los interrogatorios porque no soportan un escrutinio acucioso. Quedan en mentiras y contradicciones que obligan al tribunal a absolver”, manifestó.

Otro foco de alerta es el rol que hoy asumen algunos peritos. “Se creen dueños de la diligencia, quieren dirigir procedimientos. He tenido casos donde el fiscal dice que sigue instrucciones del perito, cuando el que debe llevar la cabeza es el Ministerio Público”, afirmó.

Santa cuestiona que algunos peritos alteren métodos sin sustento. “Cambian técnicas y ni siquiera están presentes en diligencias que ellos mismos deben realizar”, explicó.

Como caso concreto, citó los peritajes grafotécnicos. “El perito no está presente y manda a otro funcionario a hacer la diligencia. Cuando llegas a juicio y preguntas quién estuvo, cómo se hizo, quién dirigió, todo se cae por mal procedimiento”, señaló.

Para la jurista, eso provoca que diligencias completas queden sin valor. “Cuando el procedimiento está mal hecho, no hay forma de sostenerlo ante un tribunal”, agregó.

El impacto no es solo jurídico. “Se arman expedientes de veinte, cincuenta o miles de tomos que al final se caen. Eso es gasto, pérdida de tiempo y uso indebido de recursos del Estado”, sostuvo.

Santa considera que el primer filtro debe ser el Ministerio Público. “Es quien le da trámite a todo. Si no frena informes amañados, permite que se violenten garantías fundamentales”, indicó.

Desde el plano constitucional, Marco Austin, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, explicó que el informe policial es solo una herramienta de trabajo. “Sirve para que la fiscalía investigue, pero si está mal hecho o maquillado puede provocar que toda la investigación se caiga”, expresó.

Austin confirmó que la siembra de pruebas ocurre en la práctica. “Eso no es un mito. Si a un ciudadano le siembran una prueba, el abogado defensor debe usar todas las herramientas para demostrarlo, porque esa prueba puede traer consecuencias jurídicas graves”, advirtió.

Para el constitucionalista, el control final lo ejerce el tribunal. “El juez es quien evalúa la prueba y determina si es válida o no dentro de la causa”, puntualizó.

A nivel internacional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la prueba pericial debe ser objetiva, técnica e imparcial, y que cuando existe falta de idoneidad o sesgo del perito, el tribunal debe limitar o descartar su valor.

La entidad establece que los jueces no están obligados a aceptar un informe solo porque exista en la carpeta, sino que deben analizar si realmente contribuye a esclarecer los hechos.

En la práctica, eso coincide con lo que ocurre en Panamá: expedientes que avanzan sobre informes débiles y terminan desplomándose cuando enfrentan interrogatorios serios.

Ambos abogados coinciden en que permitir que informes maquillados dirijan procesos no solo afecta a los imputados, sino que compromete la credibilidad de la justicia penal.