Sobre posible ley Antimafia: “No tenemos jueces con pantalones para fallar sin miedo”, afirma penalista
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El anuncio del presidente José Raúl Mulino de que su gobierno buscará asesoría internacional para impulsar una Ley Antimafia y reabrirá el debate sobre la extinción de dominio encendió el tablero jurídico.
Dos reconocidos penalistas, Nora Santa y Marco Austin, ofrecieron visiones duras, críticas y sin anestesia sobre los retos y peligros que podrían enfrentar ambas iniciativas en Panamá.
La visión de Nora Santa: “La ley antimafia es una utopía”
La abogada Nora Santa arrancó fuerte: comparó la lucha contra las drogas y el crimen organizado con el castigo mitológico de Sísifo, empujar una piedra eternamente cuesta arriba para recalcar que combatir estas estructuras es “una tarea sin final”.
Santa rechazó que una Ley Antimafia sea la varita mágica que el país necesita.
“En Francia no ha funcionado. En Estados Unidos tampoco. ¿Por qué habría de funcionar en Panamá?”, cuestionó.
“Tenemos leyes; el problema es que no se aplican”
La jurista resaltó que Panamá ya cuenta con normas suficientes para perseguir estructuras criminales. Desde el artículo 328 del Código Penal hasta figuras como asociación ilícita y pandillerismo, las penas existen y son altas. El verdadero problema, dijo, es otro:
“¿Qué hacemos? ¿Seguir metiendo gente a la cárcel mientras la tecnología del crimen avanza más rápido que nosotros?”
Y remató con una crítica al corazón del sistema judicial:
“No tenemos jueces con pantalones para fallar sin miedo.”
Advertencia sobre la extinción de dominio
Sobre la propuesta de Mulino, Santa señaló que la mafia “no va a desaparecer”, y lanzó un dardo sobre lo que considera una peligrosa debilidad institucional:
“Cuando tenemos los pocos jueces que se atreven a decidir, entonces tienes al presidente que les cae encima. Eso no es ley, eso no es derecho.”
La abogada también advirtió que una Ley de Extinción de Dominio mal redactada podría convertirse en un arma de abuso estatal:
“Un día amaneces sin propiedades, embargadas por el Estado, y después ve tú cómo las recuperas.”
“Faltan fiscales preparados, no nuevas leyes”
Santa advirtió que el Ministerio Público no tiene personal técnico para procesar investigaciones complejas de crimen organizado:
“Tenemos fiscales nuevos, sin experiencia y sin preparación adecuada.”
Y concluyó que Panamá debe enfocarse en garantizar independencia, meritocracia y solvencia moral en la selección de magistrados y procuradores, antes que aprobar leyes que podrían ser peligrosas si se administran sin capacidad institucional.
Marco Austin: “La clave es el debido proceso y la capacidad del Estado”
Por su parte, el abogado Marco Austin coincidió en que cualquier Ley Antimafia debe construirse sobre garantías sólidas:
“Debe garantizarse el debido proceso y la capacidad de descubrir si los implicados realmente forman parte del conglomerado criminal.”
“La extinción de dominio requiere garantías para investigados y terceros”
Austin recordó que históricamente la extinción de dominio implicó jurisdicciones especiales sin protección suficiente para los afectados:
“Debe haber garantías para los investigados y para terceros de buena fe.”
El penalista advirtió que, a su juicio, el Ministerio Público no está preparado para ejecutar una ley de este tipo sin ayuda exterior.
Panamá necesitaría cooperación internacional y reformas internas
Para Austin, Panamá tendría que articular cooperación con países que dominan la materia, Estados Unidos, Francia, Italia— y, además, modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que una ley de este calibre funcione.
“Si no, copiamos la ley, pero no copiamos la capacidad para aplicarla.”
Las propuestas de Mulino: entre la necesidad y la tormenta jurídica
El presidente Mulino defendió la creación de una Ley Antimafia “que barra con el andamiaje de basura legal” que, según él, impide enfrentar al crimen organizado.
También calificó el proyecto previo de extinción de dominio como un “adefesio político”, pero insistió en que Panamá sí necesita un instrumento profesional, técnico y blindado.
Un debate que apenas calienta motores
Entre las advertencias de Nora Santa y Marco Austin, lo que queda claro es que el país enfrenta un dilema: el Ejecutivo empuja nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado, mientras los penalistas señalan riesgos de abuso, falta de capacidad institucional y peligros para el Estado de derecho.
El choque de visiones promete convertir estos proyectos en uno de los debates jurídicos más intensos de los últimos años