Trabajadoras sociales denuncian despidos y persecuciones en instituciones públicas
Un grupo de trabajadoras sociales que sirve en diversas instituciones del Estado, denunció ante la asociación que las representa una serie de destituciones las cuales calificaron de totalmente injustificadas.
Una de las voceras de las afectadas indicó que algunas tienen hasta tres años de haber sido retiradas del sistema y que uno de los principales requisitos para que las reintegren es inscribirse en el partido gobernante.
La situación es difícil porque aún procediendo a inscribirse no son elegidas, lo cual las hace presa de la incertidumbre, dibujando un futuro incierto con hijos que deben mantener en medio de una crisis social y económica.
Expresaron su preocupación por la inestabilidad que enfrentan la cual se agrava con las pensiones de vejez que les esperan al no recibir salarios decentes ya que se viola la ley cuando son contratadas con salarios por debajo de la escala salarial, manteniéndolas en condiciones de vulnerabilidad y precariedad laboral.
Denuncian que en las Juntas Comunales les solicitan toda una serie de documentos y experiencia para ofrecerles salarios por debajo del sueldo mínimo de un trabajador social.
En algunos de los casos fueron retiradas del sistema presentando diagnóstico de discapacidad o familiares con diagnósticos de discapacidad, violando la Ley 15 y la 59 de enfermedades crónicas y degenerativas, inclusive aquellas que fueron contagiadas por Covid 19.
Desde la mirada de salud ocupacional los Trabajadores Sociales representan una profesión de riesgo toda vez que trabajan con los distintos entornos en los que se involucra el ser humano y al año, de 2 a 3 trabajadoras sociales sufren accidentes laborales producto de las visitas domiciliarias y malos caminos porque su función es territorial. De igual forma no están alejadas de los riesgos psicosociales en donde por la alta incidencia de personas que atienden y los enlaces que deben hacer con redes de apoyo finitas se crea una carga laboral para poder dar respuesta a la población que atienden en las distintas instituciones del Estado.