Una nueva Constitución Política es la venoclisis que le urge a la Nación

Fernando Kant / Periodista

La incertidumbre en la que está sumida el país no es responsabilidad del Tribunal Electoral, es un cúmulo de acciones irresponsables implementadas por el Organo Ejecutivo en complicidad escandalosa con el Judicial, lo que mantiene en vilo y proyectando la peor imagen de Panamá en lo que a seguridad jurídica y certeza en la aplicación de la justicia se refiere.

No se puede negar que el calibre de los políticos que nos han gobernado en los últimos años son de la peor ralea, sus acciones innegablemente han ido en contra de los intereses del país y de los panameños en general en la que se anteponen intereses económicos por encima del bienestar general en un país bendecido grandemente.

Los acontecimientos que se han dado en los últimos diez años en materia jurídico procesal de administradores de la cosa pública han sido graves y mas grave que las principales autoridades, llamadas a administrar y velar por la justicia sean precisamente los violadores concurrentes de los procesos establecidos en los códigos y con ello concluir que en efecto se trata de la aplicación selectiva de interpretaciones caprichosas contrarias a derecho contra un individuo al que han erigido como enemigo político. Panamá no había llegado a estos extremos en el que se esta cavando una fosa clasista en la que los medios tradicionales son los principales instigadores y en el que estamos observando cómo empieza pero nadie sabe cómo va a terminar.

La mayoría de la población, y eso lo vemos en las calles, tiene la percepción de los abusos del Ejecutivo y de su títere Judicial en la aplicación selectiva de la Justicia con evidentes finalidades políticas en momentos en que se debate la urgencia de un gobierno que enfrente con responsabilidad la desastrosa herencia política, económica y social que le espera a Panamá en el futuro inmediato.

No hay que ser duchos en materia jurídica para ver cómo el Ministerio Público viola constantemente la reserva del sumario, las filtraciones a los medios con el objeto de satanizar enemigos políticos previo a los procesos, la negativa de presentar y permitir los contrainterrogatorios a los testigos protegidos a los que protegen con prebendas y cargos, los términos procesales y todos los recursos, que la Ley permite, como un derecho legítimo a la defensa. Qué desastre Judicial !, para recordar a Mortadelo y Filemón.

El país requiere ahora mas que nunca, dadas las circunstancias, de una Constituyente originaria que borre del mapa el Judicial y el Legislativo que han prostituido a la nación, que se implemente una nueva metodología educativa sin padrinazgo con los docentes porque hace rato perdieron el elemento vocación, politizando a rabiar su responsabilidad para con las nuevas generaciones y sobre todo limitar el poder del Ejecutivo. Una nueva Constitución Política es la venoclisis que le urge a la Nación. No se puede esperar mas.

A pesar de que los magistrados del Tribunal Electoral son de evidente procedencia partidista, tienen actualmente en sus manos una responsabilidad monumental con el país y de que tienen que esperar la NOTIFICACIÓN formal de condena, es lo que indican los códigos procesales electorales y posteriormente la Ley permite recurrirlos de ser contrarios. Los opinologos permanentes y decadentes de los medios tradicionales dirán lo contrario. A las masas ya no engañan con su verborrea.